El máximo tribunal suspendió las resoluciones que habían sido dictadas por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, que habilitaban fiscalías ante Cámaras Federales, y que además efectuaban designaciones de fiscales generales subrogantes.

La Corte Suprema de Justicia resolvió desestimar tres recursos planteados por la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, contra las medidas cautelares dictadas a favor de la “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional”, el “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” y la “Asociación Será Justicia”.

Las acciones que habían planteado estas tres organizaciones apuntaban a que se declaren inconstitucionales las resoluciones dictadas por la Procuradora General de la Nación que habilitaban distintas fiscalías ante diversas Cámaras Federales y que también efectuaban designaciones de fiscales generales subrogantes.

Asimismo y según lo informado por el Centro de Información Judicial (CIJ), las resoluciones dictadas por la Procuradora General se fundaron en lo dispuesto por la ley 27063, que sancionó el nuevo Código Procesal Penal y, según se explica en el mencionado portal, al dictarlas la Procuradora había entendido que la creación de las nuevas fiscalías no estaba supeditada a la entrada en vigencia del nuevo Código, ni a la creación de la Comisión bicameral de Monitoreo, ni a la implementación de un programa de capacitación o a la cobertura de cargos de modo definitivo.

No obstante, la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal entendió que carecía de razonabilidad la urgencia en la creación de fiscalías y designaciones de fiscales.

De esta manera, la Corte dictaminó que no se habilitarán las diversas fiscalías, ni tampoco se efectuaran las designaciones que en su momento la Procuradora General había dispuesto.