La Legislatura de Córdoba aprobó modificaciones al Código Procesal Penal de la provincia, para dar mayores garantías en los casos en que deba dictarse la prisión preventiva, así como para agregar protecciones a las víctimas de violencia de género y familiar.

El legislador Julián López, del bloque peronista Unión por Córdoba, señaló que “uno de los motivos primordiales de este proyecto es establecer directrices que rijan a futuro la aplicación de la peligrosidad procesal, otorgando a los magistrados pautas orientadoras tendientes a facilitar el ejercicio de la jurisdicción, en aquellos casos que versen sobre la libertad de ciudadanos sometidos a proceso, todo ello de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Provincia”.

Por su parte, la peronista Ana Papa dijo que en otra de las reformas que “el objetivo es llevar adelante una política más agresiva orientada a la asistencia integral para las mujeres víctimas de violencia, que incluya el fortalecimiento personal y la independencia económica, en busca de una salida real a esta compleja situación y no meros paliativos aislados”.

Al respecto, la radical Elisa Caffaratti sostuvo que “esta propuesta ha surgido no sólo como resultado del debate dado entre los miembros de la Comisión de Género y de distintos legisladores, sino también de haber escuchado los relatos de las víctimas y familiares de las víctimas, y asociaciones los cuales han expresado que muchas muertes o situaciones de violencia podrían haberse evitado de haber existido con anterioridad este recurso”.