Una causa en la que el ex Subsecretario de Transporte Aerocomercial durante el gobierno de Néstor Kirchner, Ricardo Cirielli, está investigado por presuntamente haber recibido pasajes gratis por parte de compañías aéreas a las que debía controlar como funcionario público, quedó a un paso de la prescripción por el paso del tiempo.

La Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Liliana Catucci y Eduardo Riggi, resolvió que en virtud del “dilatado trámite impreso a esta causa por los órganos jurisdiccionales intervinientes, corresponde suspenderlo y disponer el control de la vigencia de la acción penal”.

Se trata de un expediente en el que Cirielli ya fue sobreseído en relación con los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito y percepción de dádivas”.

Cirielli, actual secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), se desempeñó como subsecretario de Transporte Aerocomercial entre mayo de 2003 y mayo de 2007.

Según la acusación en su contra, durante ese lapso “habría realizado numerosos viajes motivados en razones personales y no laborales, los cuales habrían sido otorgados como ‘gentilezas’ por parte de las empresas aéreas que él mismo debía controlar en razón del cargo que ostentaba”.

Tras un peritaje contable, el juez federal Daniel Rafecas, primero, y la Cámara Federal, luego, dispusieron el sobreseimiento del sindicalista, pero los fallos fueron apelados ante la Cámara de Casación.

De las dos acusaciones, sólo subsiste la relacionada con los vuelos que realizó Cirielli mientras fue funcionario público, a través de las compañías TAM Airlines y Cubana de Aviación.

En disidencia, el tercer juez de la Casación, Juan Carlos Gemignani, recordó «las disposiciones de la legislación argentina que delimitan la prescripción de la acción penal en las causas en que se investiga la presunta comisión de delitos en los que se encuentren involucrados funcionarios públicos son contrarias a la Constitución Nacional”.

Ese criterio coincide con el reciente fallo de la Cámara Federal de La Plata, que dispuso la imprescriptibilidad para las causas en las que se investigan delitos de corrupción en la función pública.