La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó su “preocupación” por la puesta en marcha del sistema de juicios ultrarrápidos contra detenidos por delitos en flagrancia.

“Ante la inminencia de la entrada en vigencia de la Ley 27.272 sin estudios previos de factibilidad, (la AMFJN) exhorta a las autoridades para que, previo poner en marcha cualquier reforma procedimental se adopten las medidas necesarias para su implementación”, sostuvo la corporación de jueces y fiscales.

Mediante un documento publicado en la página de internet del Poder Judicial, la Asociación pidió que “se dote de los recursos imprescindibles para asegurar el éxito” de la denominada “ley de Flagrancia”.

La organización pidió que “los múltiples actores del sistema de justicia puedan cumplir cabalmente con el rol que les asigna la ley y les reclama la sociedad, de modo tal que no se los haga cargo luego de su posterior fracaso”.

La ley de “Flagrancia” es para hechos en los que los presuntos autores sean detenidos en el momento en que están cometiendo un delito.

No obstante, la Asociación de Magistrado advirtió que “se evidenciaron múltiples inconvenientes derivados de la falta de previsión logística (en especial traslados y alojamiento de detenidos) y de importantes carencias de recursos materiales y humanos para que dicho procedimiento pudiera llevarse a cabo en las condiciones mínimas necesarias para garantizar su normal implementación”.

Ello motivó que en el pasado reciente el Poder Ejecutivo postergara su implementación, pero la puesta en marcha se produjo -según la entidad- cuando persisten “falencias de distinta índole advertidas en cada uno de los estamentos”.