Una cuestión de formalismos procesales se interpuso sorpresivamente en el camino hacia el juicio oral y público por la tragedia del boliche “Beara”.

Cuando parecía que el expediente se encaminaba a la etapa de debate, la Cámara del Crimen dictó un fallo que, una vez más, alarga los tiempos para arribar a una sentencia por el episodio recordado por el derrumbe de un entrepiso que causó la muerte de dos jóvenes.

La Sala Séptima de la Cámara del Crimen dictó la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Andrés Madrea, quien acusó a los ex funcionarios del Gobierno porteño y los empresarios por el delito de “estrago doloso seguido de muerte y cohecho”.

La Cámara, con los votos de los jueces Juan Cicciaro y Mariano Scotto, recordó que oportunamente “excluyó toda posibilidad de imputar a título de dolo -aún eventual- los resultados lesivos verificados”.

El concepto implica que los acusados no tuvieron intención de matar a las jóvenes Paula Provedo y Ariana Lizarraga (estrago doloso) sino que los decesos ocurrieron por un accionar “imprudente” (estrago culposo, con una escala penal mucho menor).

“Debe anularse la imputación así concretada en atención a la afectación que ello reporta al principio de congruencia y al ejercicio del derecho de defensa en juicio”, sostuvieron los camaristas.

Al “estrago culposo seguido de muerte” se le sumará la acusación por “cohecho”, que fue avalada por la Cámara.

No obstante, el tribunal también anuló por defectos formales el pedido de elevación a juicio de una de las querellas, la de Juan Lizarraga, padre de una de las víctimas mortales.

Finalmente, la Cámara también entendió que los padres de las víctimas no podrán ser querellantes por las heridas que sufrieron otros asistentes a Beara, pues en esos casos no son “particulares damnificados”.

En la práctica, las decisiones de la Cámara implican que los requerimientos de elevación a juicio deberán ser corregidos por el fiscal y una de las querellas, lo que ocurrirá a mediados o fines de febrero próximo, con la consecuente demora en el pase del expediente a la etapa de debate oral.

El trágico episodio ocurrió el 10 de septiembre de 2010, cuando Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y de Paula Leticia Provedo, de 20, murieron al derrumbarse un entrepiso del boliche situado en el barrio porteño de Palermo, habilitado para fiestas privadas pero que, en rigor, funcionaba como local de baile.

Por el hecho están imputados cuatro ex funcionarios del Gobierno porteño: Martín Farrell, ex jefe de Habilitaciones; el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas, el arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones Isaac Rasdolsky, y la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Vanesa Berkowski.

También están acusados los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Rolando Fliess e Iván Andrés Fliess, quienes representaban a la sociedad “El viejo sabio”, que regenteaba Beara.