La Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, que interviene en el expediente, autorizó a la Auditoría General de la Nación (AGN) a compulsar las 24.000 fojas que acumula el concurso desde su inicio, hace casi 16 años.

Como la respuesta de la “sindicatura verificante”, el tribunal tuvo por contestado uno de los “traslados” por cinco días que confirió a la partes hace una semana, cuando, a pedido del representante del Estado Nacional, se suspendió la audiencia a las que habían sido convocadas todas las partes.

Con las respuestas -o el silencio- de las otras sindicaturas, la compañía y la fiscal Gabriela Boquín, las camaristas María Gómez Alonso de Díaz, Matilde Ballerini y Ana Piaggi estarán en condiciones de resolver el pedido del Estado Nacional.

La audiencia convocada el jueves último solo duró unos pocos minutos, los necesarios para levantar el acta que dio cuenta del pedido de suspensión por 120 días formulado por el abogado Juan Bernabé Aráoz.

El plazo reclamado coincide con el que se estimó para que la AGN completara un informe sobre la intervención del Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y en la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y el análisis de los créditos del Estado con Correo Argentino al momento de la presentación del concurso.

La audiencia había sido ordenada a pedido del presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, luego que el Estado, hace un mes, presentara un escrito para dejar sin efecto un preacuerdo que había sido alcanzado en el marco del concurso preventivo de la compañía y a cuya homologación se opuso Boquín.

Tras los escritos del Estado Nacional y el Correo Argentino, la Oficina Anticorrupción (OA) efectuó el mismo pedido que luego hizo la AGN: poder compulsar el expediente, y obtuvo la misma respuesta, ya que fue autorizada a hacerlo.

La audiencia, según manifestaron en su momento el Estado Nacional y el presidente de Correo Argentino es “a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal” con “una solución justa y equitativa para todos los interesados”.

El Gobierno nacional, a través del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se retractó del acuerdo luego que Boquin sostuviera que al que se había llegado, era “abusivo” y perjudicial para las arcas del Estado.

En sus dictámenes previos a la fijación de la audiencia, la fiscal consideró que, de homologarse la propuesta que el Gobierno le había aceptado al Correo Argentino, la firma estaría obteniendo “una condonación de la deuda”.