La nueva ley faculta al Poder Ejecutivo a eximir a los damnificados por las inundaciones de pagar derechos, tasas y demás tributos provinciales.

Además, podrá destinar fondos para ayudas sociales y suspender por 180 días los reclamos fiscales iniciados o a iniciarse.

También autoriza al Poder Ejecutivo a dedicar recursos para la reparación y construcción de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias, a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas, especialmente para los pequeños y medianos productores, y a otorgar aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva.

Por la ley, el Poder Ejecutivo podrá otorgar subsidios no reintegrables a los municipios afectados y a crear un programa presupuestario específico afectado a la ley.

Las inundaciones vienen provocando serios perjuicios en la provincia de Corrientes, donde muchas personas debieron evacuar sus hogares, y donde los productores agropecuarios registran serias pérdidas.

Según datos difundidos en esa provincia, el 37 por ciento del área se perdió por las inundaciones. De ese 37 por ciento del área perdida por las inundaciones, el 13 por ciento correspondió al maíz y el 16 por ciento a la soja y produjo merma en el rinde del 22 por ciento del maíz afectado por los anegamientos temporales y en el 20 por ciento de la soja.