El máximo tribunal delegó en el juez federal Sergio Torres la decisión de determinar cuánto debe aportar cada Estado ante “la urgencia que reviste la elucidación del referido aspecto presupuestario” para la concreción de las obras.

La Corte interviene en la cuestión como tribunal originario, es decir, de única instancia.

En ese marco señaló que la ACUMAR, el Defensor del Pueblo de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron sendas presentaciones “que denotan la falta de acuerdo sobre la proporción y forma en que las tres administraciones deben realizar los aportes para integrar el presupuesto”.

“En atención al tiempo transcurrido sin que los tres miembros de la ACUMAR hayan superado sus disidencias, o bien acordado un criterio de concertación sobre el punto, resulta necesario que esta Corte arbitre las medidas conducentes para dar rápida solución a esta controversia”, sostuvo el fallo.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz le encomendaron al juez Torres -quien tiene delegada la ejecución del fallo que ordenó el saneamiento de la cuenca- que zanje las diferencias.

“Se encomendará a dicho magistrado -previa sustanciación y eventual adopción de las medidas pertinentes que estime adecuadas- su conocimiento y decisión”, subrayó el fallo.

Torres deberá, además, elaborar un informe sobre las contrataciones incluidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), sospechadas de irregularidades.

La Corte le delegó también esa tarea, ante las presentaciones que formularon las cámaras de Diputados y Senadores “con el objeto de que se informe sobre las medidas adoptadas respecto del relevamiento especial efectuado por la Auditoria General de la Nación en relación con las contrataciones incluidas en el PISA”.

El máximo tribunal dispuso que Torres “en el plazo de 30 días eleve un completo informe sobre los aspectos objeto de la consulta”.