El Senado podría tratar el proyecto sobre Responsabilidad Penal Empresaria el próximo mes

Luego de cinco jornadas intensas de debates que contaron con la participación de más de una veintena de invitados, los senadores finalizaron el tratamiento del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria por delitos contra la administración pública. Ahora se preparan para consensuar modificaciones con el objetivo de emitir dictamen.  Por Cuarto Intermedio

Si bien todavía no hay una fecha específica confirmada para abordar la iniciativa de ley sobre responsabilidad penal empresaria por delitos contra la administración pública, se espera que esto pueda llegar a suceder en el mes de septiembre, según informó el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta, el entrerriano Pedro Guastavino (PJ-FPV).

El inicio del tratamiento del proyecto en el Senado se dio a principios de julio, luego de que Diputados le diera media sanción. Sin embargo, no pasó al recinto de la Cámara Alta debido a que los legisladores prefirieron analizar la medida y escuchar las opiniones tanto de jueces como de fiscales y expertos en la temática, entre los que se encontró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Se espera, entonces, que las modificaciones sean realizadas en concordancia con las críticas y sugerencias que recibió el texto en las últimas semanas.

Asimismo, durante las jornadas de debate se pidieron cambios con el objetivo de que la ley pueda ser aplicada y sea “lo más constitucional posible”. El tema más discutido por los especialistas fue la imprescriptibilidad de los delitos, ya que remarcaron que igualar las penas con los crímenes de lesa humanidad podría poner en riesgo la verdad y trascendencia de estos delitos. Además, subrayaron que era innecesario y que ningún país había optado por esta medida.

Otra de las críticas más expresadas por los fiscales y jueces fue el monto de las multas estipuladas en la ley, que parten del 1 por ciento de los ingresos brutos de la persona jurídica acusada.

En general, reflexionaron que esta medida afectaría al principio de certeza de la norma penal y que sería una cifra exagerada, por lo que la medida podría estar en riesgo de no ser aplicada.