Se establece que funcionarios, legisladores y gremialistas tendrán que presentar sus declaraciones juradas de bienes dentro de los 60 días siguientes a su asunción.

Hasta ahora, la declaración patrimonial estaba prevista por el decreto 1789/15 del ex gobernador Francisco Pérez.

La Ley de Ética Pública prevé que no se den a conocer ciertos datos que permitan la identificación de los bienes, como las direcciones de los inmuebles o los números de las cuentas bancarias.

Si los alcanzados por los mandatos de la ley incumplen con ella, las sanciones contemplan multas de entre el 10 al 25 por ciento del sueldo del gobernador y otra correspondiente al cargo que ocupe el sancionado. Asimismo se consideran los posibles conflictos de intereses, nepotismo e incompatibilidades en las funciones públicas.

La kirchnerista Patricia Fadel se opuso por entender que el Senado debería aprobar al auditor con una mayoría de dos tercios, para asegurarse así de que exista un consenso porque de la forma aprobada “el Ejecutivo se está controlando a sí mismo”.

Las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos realizada en 2016 había provocado una polémica en la provincia por los valores irrisorios presentados por muchos de ellos para sus autos o inmuebles.