La decisión la tomó el Jurado de Enjuiciamiento, que también cursó notificaciones para quienes representan a la parte acusadora, los consejeros de la magistratura Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas y al abogado de Freiler, José Olivares.

“No es obligatorio que Freiler esté presente el día del inicio del juicio, en cambio si no concurre su abogado, se le designará un defensor oficial”.

El 17 de agosto último Freiler fue suspendido por seis meses y enviado a juicio por presunto “mal desempeño de sus funciones”, la causal genérica que resultó de denuncias de enriquecimiento ilícito contra el camarista.

Luego que el plenario del Consejo -con el requisito de los “dos tercios de los votos de los presentes”- decidiera enviar la causa al Jurado de Enjuiciamiento, ingresaron en aquel cuerpo nuevas denuncias contra Freiler.

“Serán tratadas, pero dependerán del resultado del `jury´, ya que, en una de las hipótesis -la condena- no se podría pedir la remoción de quien no es magistrado y las nuevas causas deberían ser declaradas abstractas”, dijo un allegado a esos expedientes, la mayoría también relacionados con el incremento patrimonial o presunta recepción de dádivas.

Freiler, quien sostuvo que su pedido de juicio por mal desempeño “es una maniobra coordinada” entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, “articulada por el Poder Ejecutivo”, presentó una acción de amparo y pidió una medida cautelar para seguir ejerciendo sus funciones.

En esa causa el fondo de la cuestión no fue resuelto, pero el juez en lo contencioso administrativo federal, Esteban Furnari, tras evaluar un informe del Consejo, desestimó dictar la medida provisoria.

En ese expediente Freiler, asistido por Olivares, pidió la nulidad de la resolución 275/2017 dictada por un plenario de del Consejo el 17 de agosto último, cuando ocho de los 12 miembros presentes votaron en su contra.

Para el suspendido camarista esa mayoría se logró debido a anomalías para evitar que alguno de los dos legisladores que ofreció como testigos, Ruperto Godoy y Mario Pais estuvieran presentes en la sesión en la que se resolvió suspenderlo.

Freiler aseguró que el trámite en el Consejo “estuvo plagado de irregularidades que afectaron los principios de legalidad y razonabilidad que deben imperar en un proceso disciplinario” y más “cuando quien se investiga es un magistrado, en tanto se pone en juego y riesgo la independencia judicial”.