En el marco de una recorrida por los partidos de Zárate y San Nicolás, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, dijo sobre las amenazas que reciben diariamente las escuelas bonaerenses que las mismas no pueden ser tomadas como una broma, sino como un delito.

“Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona”, contó el ministro sobre el despliegue que se debe realizar ante cada llamado intimidatorio que reciben los colegios.

De hecho agregó que cuando todo ese dispositivo acude a una amenaza de bomba, caen en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia.

“Con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados. Un llamado engañoso implica una intimidación pública y es un delito penado con dos a seis años de prisión”, concluyó Ritondo.