Por el lado del interbloque opositor Cambiemos, integrado por legisladores de la Unión Cívica Radical, el PRO y el juecismo, se objetó que la Cámara modifique un convenio colectivo de trabajo, por lo que no acompañó las iniciativas oficialistas. La mayoría de los legisladores de Cambiemos se abstuvo, pero los juecistas y dos radicales votaron en contra.

La primera ley sancionada el pasado miércoles establece que “quienes reciben beneficios y/o bonificaciones sobre el valor de las tarifas de servicios públicos domiciliarios de energía, agua y saneamiento, mantendrán los mismos hasta los límites establecidos por la tarifa social provincial, de 150 kw/h y 25m3, respectivamente, en los términos de la ley 9086, quedando incluidos el personal y directivos de los prestadores de servicios públicos, sean públicos o privados”.

La otra establece “la eliminación de las contribuciones patronales con destino a cualquier fondo compensador o complementario de carácter previsional administrado por entidades gremiales, cooperativas y obras sociales, sea en el sector público provincial en los términos del art. 5° de la ley 9086, sea en el sector público financiero como en todo organismo dependiente o controlado por el Estado provincial”.