La causa recorrió todos los intrincados vericuetos del Poder Judicial e incluso llegó a ser declarada prescripta por el caso del tiempo, pero la Cámara Federal de Casación Penal reabrió la investigación y forzó la realización del juicio.

La denuncia había sido presentada por los concejales opositores Claudia Giorgis y Alfredo Daniel Carrascal, quienes sostenían que la empresa de transporte de pasajeros local cobraba subsidios por más coches de los que efectivamente utilizaba y consignaba un kilometraje recorrido mayor al real.

El tribunal oral federal local, con un peritaje de contadores de la Corte Suprema y después de más de una década de tramitación del expediente, estableció que no existió perjuicio económico contra el Estado y absolvió a ambos imputados.

El fallo es todavía apelable ante la Cámara de Casación.