La ex funcionaria había sido acusada por una colega por el delito de “enriquecimiento ilícito”, como consecuencia de su función en la ANMAT.

La denuncia sostenía que la mujer “tendría un nivel de vida y gastos mensuales que superarían ampliamente los ingresos percibidos oficialmente, cuantiosos consumos con tarjeta de crédito, adquisición de bienes inmuebles en el país y en Uruguay, así como también viajes al exterior”.

Además, le adjudicaba la propiedad de bienes suntuarios que no se condecían con sus ingresos como funcionaria pública.

Sin embargo, después de una prolongada investigación, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens ratificaron un fallo de primera instancia que determinó que no existían pruebas que demostraran tal enriquecimiento ilícito, pues la ex funcionaria probó el origen de sus bienes sin que existiera nada ilegal en ello.