El proyecto busca que los profesionales de la salud que no estén dispuestos a cumplir con las leyes por convicciones morales o religiosas puedan inscribirse en un registro.

Desde 2014 la provincia de Santa Fe tiene un listado con 777 anotados, y la propuesta de la diputada Augsburger es convertir en ley ese registro, y que la objeción no sea un recurso para que se obstaculice el acceso al aborto no punible, la anticoncepción o las operaciones de cambio de sexo.

La iniciativa propone que en las áreas de los hospitales donde deben hacerse este tipo de prácticas no haya jefes objetores, como hoy pasa en los hospitales Iturraspe y José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

“En la Argentina las únicas leyes ante las que se antepone la objeción de conciencia son las que garantizan derechos sexuales y reproductivos. Regular es separar a los que realmente se sienten violentados en su moral al hacer una práctica de aquellos que la usan como una estrategia de obstrucción de derechos. Dar estatuto de ley sirve para que los derechos no dependan del gobierno de turno”, explicó la legisladora al diario santafesino El Ciudadano.