La Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos que habían sido firmados en primera instancia por el juez Sebastián Ramos, y ahora el tribunal rechazó habilitar la vía para que los procesamientos sean revisados por la Cámara Federal de Casación Penal.

Los ex funcionarios están imputados por una práctica económica que consiste en el “alquiler de bonos”, una operatoria financiera que en este caso se firmó con un plazo considerado abusivo por parte del Poder Judicial.

Los bonos fueron alquilados hasta el plazo de su vencimiento, en 2038, generando de esa manera un perjuicio económico para el Erario y un beneficio para sus tenedores.

Los bienes de los cuatro ex funcionarios procesados fueron embargados, en cada caso, hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos.