Se prevé que la fiscal Paula Rodríguez Frandsen formalice la acusación por “corrupción de menores” contra Iud, el intendente de San Antonio, Luis Ojeda, y otros tres hombres.

El nuevo Código Procesal Penal establece que planteada la “acusación se solicitará el desafuero”, por lo que una vez formulada la imputación fiscal, la jueza Soly determinará si avala o no continuar con el proceso, lo que en el último caso requiere pedir el desafuero a la Legislatura.

El presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, ya anticipó su postura institucional de que se trate en el recinto, incluso con la aceptación del oficialismo. Y el gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que “con la acusación formal, entiendo que la Legislatura va a tomar algún tipo de decisión”.

La ley de inmunidades constitucionales prevé que “si se formula denuncia o querella contra un legislador u otro funcionario sujeto a juicio político o jurado de enjuiciamiento se practicará una investigación que no vulnera su inmunidad”. Además, que “cuando se formulara acusación se solicitará el desafuero ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen”.

Todos los ojos estarán puestos en la sesión del viernes y el posible requerimiento de la jueza, que se estima prosperará. El desafuero tendrá un inicial tratamiento en Constitucionales y, seguramente, llegará al recinto en la sesión del jueves 1º de noviembre.