La Cámara del Crimen confirmó y amplió los procesamientos de empresarios y policías por presuntos sobornos para permitir el funcionamiento del lugar, una suerte de Cromañón en escala, en el que en la madrugada del 10 de septiembre de 2010 murieron Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20.

Así, el tribunal completó el cuadro de imputaciones, que incluye a los empresarios que administraban el local y los funcionarios públicos del Gobierno porteño (por entonces encabezado por Mauricio Macri) que cuanto menos omitieron sus funciones de controlar el funcionamiento.

Parte de la causa ya estaba elevada a  juicio oral y público, ante el Tribunal Oral número 7.

La Sala Séptima de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Mariano Scotto y Mauro Divito, hizo lugar a los planteos del fiscal Andrés Madrea y, en esta etapa, ratificó los procesamientos y los embargos por hasta tres millones de pesos de cuatro policías (dos comisarios, un subcomisario y un sargento de la entonces Policía Federal).

Todos están acusados por los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones culposas graves y leves, más cohecho pasivo, figuras penales similares a las que recayeron sobre los máximos responsables por la tragedia de Cromañón.