Con 134 votos positivos y 55 en contra, la Cámara de Diputados nacional aprobó la reforma del Código Procesal Penal Federal impulsada por el oficialismo. La misma está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales, a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general.

De esta manera, se pasará de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, lo cual implicará que los fiscales asuman un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones. También incorpora nuevos sistemas de administración de Justicia con la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas.

El nuevo Código también incorpora, entre algunos de sus aspectos, las leyes de flagrancia, del colaborador eficaz, de técnicas especiales de investigación, de responsabilidad penal empresaria, de derechos de la víctima de delitos y de ejecución de la pena; así como también las figuras de informante policial, agente encubierto y agente revelador para la investigación de delitos complejos.

Durante el debate, la titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), valoró el cambio de un sistema judicial inquisitorio a uno acusatorio y explicó que la reforma del Código sancionada en 2014 debió ser suspendida en diciembre de 2015 porque no estaban dadas las garantías necesarias para su aplicación. “El Código aprobado en 2014 era incompleto porque no contemplaba la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, recordó.

Ahora y tras su aprobación por parte de la Cámara Baja, la ley comenzará a regir después de su promulgación, aunque se prevé que la instrumentación de la misma tomará un tiempo ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur, y finalmente en las del centro.