La adhesión debe hacerse, o rechazarse, a través de una resolución de la Legislatura provincial, donde el peronismo tiene mayoría, por lo que la opinión del gobernador Manzur puede considerarse definitiva.

“Lo estamos analizando, pero nosotros tenemos nuestras propias leyes, reglamentos y herramientas”, agregó el gobernador.

El ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, sostuvo que la provincia “está trabajando bien con la reglamentación actual”, pero no va “a rechazar el protocolo” sino que va a “tomar algunos aspectos que nos resulten operativos”.

“Y a lo otro no lo aplicaremos”, teniendo en cuenta que “es un instrumento que ha escrito la ministra para las fuerzas federales, exclusivamente”, agregó.

Hace unos días, la secretaria tucumana de Derechos Humanos, Érica Brinotto, se había manifestado en contra del protocolo vigente para la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.

En opinión de Brinotto, el resolución dictada por la ministra Bullrich “es un despropósito que habilita a las fuerzas a la ejecución por la espalda” y “abre la puerta a la legalización de la violencia del Estado”.