Según la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo presidido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, “la masacre de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo de 2017, fue una de las violaciones a los derechos humanos más graves sucedidas durante la democracia en una dependencia policial”.

“Siete jóvenes detenidos en prisión preventiva por delitos menores murieron de manera atroz en un incendio producido en los calabozos de la comisaría 1ª de esa ciudad, una dependencia que fue centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Estaban bajo la custodia del Estado y detenidos de manera ilegal, puesto que se encontraban alojados en una dependencia policial que no reunía las condiciones indispensables para albergar a personas de manera digna y menos por un lapso prolongado”, reportó la organización.

“No fue un hecho excepcional: el incremento de personas alojadas en comisarías es constante desde el 2014 a la fecha, revirtiendo la tendencia decreciente de los 7 años anteriores.(…) Lejos de ser un acontecimiento aislado fue el resultado de años de desidia y deterioro generalizado del sistema carcelario bonaerense”.

Ahora, el Poder Judicial bonaerense admitió como querellante a la familia de una de las víctimas, que hasta ahora no habían sido considerados como perjudicados directos de los hechos.