El fiscal Raúl Plée había apelado un fallo anterior de la Cámara Federal de Casación Penal, firmado por los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, con la disidencia de Alejandro Slokar.

Pero esos mismos jueces declararon “inadmisible” el planteo de Plée para que sea la Corte la que, en definitiva, adopte un criterio final sobre la situación de Fotea.

El tribunal había aceptado tácitamente incorporar al Régimen de Salidas Transitorias al represor Fotea, mediante la anulación -en fallo dividido- del rechazo al pedido de la defensora oficial María Laura Lema, para sumarlo al régimen de atenuación de la prisión.

Yacobucci y Ledesma se inclinaron por enviar el fallo nuevamente al tribunal oral federal número cinco para que dicte una nueva sentencia, lo que -en los hechos- significa que el represor está a un paso de acceder al régimen de salidas transitorias.

La defensa oficial de Fotea argumentó que si bien ya pesa sobre él una condena firme y hay otro proceso en curso por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), “no puede ser condenado a la pena de prisión perpetua, sino, como máximo, a la pena inmediata inferior establecida en la legislación Argentina al momento de los hechos”.

“Es decir que Fotea no podrá ser condenado a más de 25 años de prisión”.

Además, “el condenado cuenta con dictamen favorable para la incorporación al Régimen de Salidas Transitorias, circunstancia que no fue valorada por el sentenciante al momento de resolver el pedido de concesión del instituto, ello torna arbitrario el pronunciamiento en crisis”.

Fotea, oriundo de Junín, de 68 años de edad, era suboficial de la Policía Federal e integró el Grupo de Tareas 3.3.2, que secuestró e hizo desaparecer a Walsh e intervino también en los secuestros de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.