Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Procuración -por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó- designó una comisión de representantes del Ministerio Público para darle continuidad a la tarea, y consiguió de esa manera que en poco más de un año se consiguieran más avances que en los diez que estuvo el fiscal que apareció muerto en su departamento de Le Parc en enero de 2015.

Ese cuerpo de fiscales estaba integrado por la fiscal Sabrina Namer, luego ascendida a jueza de un tribunal oral, y sus colegas Roberto Salum y Santiago Eyherabide. Pero estos dos últimos “dejaron de realizar las tareas diarias propias de la Unidad con motivo de sus intervenciones en la causa caratulada Telleldín, Carlos s/homicidio agravado”, es decir, el juicio por el ataque propiamente dicho.

Ante ese escenario, y “a fin de fortalecer la actuación de dicha unidad en la investigación de los hechos de suma gravedad que constituyen su objeto”, Casal decidió que el fiscal Basso -quien fue nombrado para completar la UFI- “actúe exclusivamente en ella”.

«Memoria Activa» rechazó desde un primer momento la designación de Basso en la UFI, entre otras razones, por su parentesco con la difunta jueza Luisa Riva Aramayo, sospechada de haber participado en el encubrimiento de la denominada “pista siria” del atentado.

«Memoria Activa» también apeló las “condenas leves” y las absoluciones para los acusados por la denominada “pista siria” del atentado.

“La investigación estuvo plagada de irregularidades y graves violaciones a los derechos humanos cometidos por los funcionarios públicos involucrados en el caso como parte de una amplia maniobra encubridora que selló la impunidad en la causa”, sostiene la apelación.

La agrupación objetó, entre otras, la absolución de Carlos Menem y las penas de dos años en suspenso para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.