La norma iba a aplicarse sobre todas las licitaciones públicas comprendidas en el Régimen de Contrataciones del Estado provincial, cuyo presupuesto oficial superara tres veces el monto tope ministerial establecido para efectuar las licitaciones públicas.

El resultado de la votación fue 28 a 17 a favor de dejar firme el veto del gobernador kirchnerista Gustavo Bordet.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó la decisión del gobernador de vetar la ley señalando que desde el punto de vista administrativo «al control previo lo ejerce la Contaduría General de la Provincia, tanto sobre los aspectos presupuestarios contables y de cumplimiento de la ley de contrataciones, como de las leyes que regulan la salida de recursos de la hacienda pública».

«Lo tiene que tener la Fiscalía de Estado, más allá de que no hay una ley nueva actual que regule, que reglamente el funcionamiento de la Fiscalía de Estado, estamos con una ley vieja”, dijo.

El Tribunal de Cuentas -explicó- “es un órgano que por definición es para analizar las rendiciones de cuentas, observar las rendiciones de cuentas y en cuyo caso llevar adelante los juicios de cuentas cuando hay que devolver dinero o antes tenía los juicios de responsabilidad. Esos juicios de responsabilidad no existen más, le mandan los antecedentes a la Fiscalía de Estado para perseguir la reparación económica cuando hay otra clase de daño”.