La decisión, según afirmaron desde el entorno del Ejecutivo, había sido adoptada de manera inconsulta por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien a poco de que se produzca la asunción de Alberto Fernández decidió avanzar con la actualización del ILE pese a que desde la administración de Cambiemos se vienen mostrando en las antípodas de ese tema.

“Mediante el artículo 1° de la Resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social N° 3158 de fecha 19 de noviembre de 2019, se aprobó el `Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a las Interrupción Legal del Embarazo´ Actualización 2019…. Que la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas”, se expresó entre los considerandos de la norma que lleva las firmas del Presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Asimismo, también se argumentó que el titular de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia manifestó no haber participado del proceso de formulación de la Resolución emitida por Rubinstein, aún cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo repercuten en los derechos de niñas y adolescentes.

“El Presidente de la Nación es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”, se enfatizó entre los párrafos finales del Decreto en alusión a la conducta del secretario de Salud, que fue tomada por varios de los miembros del gabinete como un acto de insubordinación tanto hacia la figura de su primera superior inmediata, Carolina Stanley, así como también hacia el propio Macri.