Melella presentó un proyecto que propone declarar la emergencia de la administración pública provincial donde se impulsa la emergencia del sistema de previsión social, la del sistema sanitario, la de la infraestructura educativa y la de la infraestructura y equipamiento portuario.

Las nuevas iniciativas dejaron de lado la emergencia “urbana, ambiental y de servicios sanitarios”, y la del “sistema eléctrico y de gas”, que estaban incluidas en la propuesta original.

Referentes de la oposición criticaron que, aún dividido en partes, el paquete de leyes no “difiere en casi nada su contenido” respecto de la normativa que hace una semana originó el rechazo unánime de la clase política provincial.

La ley de emergencia de la administración pública autoriza a realizar “obras y trabajos públicos, compras y contrataciones por licitación privada o contratación directa”, a la vez que permite renegociar los contratos de obra vigentes, tengan o no vicios de legalidad.

La vicegobernadora Mónica Urquiza defendió el paquete de leyes y sostuvo que los proyectos parten de la base de “aceptar la situación de crisis” y “dotar a la gestión de herramientas que sirvan para planificar y resolver los problemas”. Urquiza recordó que el gobierno anterior “tomó 200 millones de dólares de endeudamiento, de los cuales todavía hay 130 millones. No se efectuaron las obras, ya comenzamos a pagar intereses y en abril empezamos a pagar capital”, dijo en relación a la necesidad de renegociar esas obligaciones.