La iniciativa autoriza al gobierno a realizar todo tipo contrataciones en forma directa, incluyendo obra pública, sin llamar a licitación y con menor participación de los organismos de control.

El proyecto también incluye suspender por dos años la “ejecución de sentencias y laudos arbitrales que condenen a la provincia al pago de dinero”, y declara las emergencias “administrativa, económica, urbana, ambiental, de servicios sanitarios, sanitaria, del sistema eléctrico y gas, de infraestructura edilicia de establecimientos educativos y portuaria hasta el 31 de diciembre de 2020, además de la emergencia del sistema de previsión social, pero por cuatro años”.

“Nos hacemos cargo de lo que estuvo mal y por eso decidimos suspenderlo y llamar a los distintos sectores para llegar a un consenso. Está claro que necesitamos una ley de emergencia porque la precisa la provincia. La situación es muy complicada y hacen falta herramientas para alcanzar soluciones urgentes”, explicó Melella.

El mandatario justificó los “errores” del texto normativo en que “tuvimos muy pocos días para acceder a la información sobre la situación de la provincia”, aunque insistió en que su gestión necesita mecanismos para hacer frente a “una deuda de casi siete mil millones de pesos”.