Por medio del Decreto 168/2020 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional resolvió disolver la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados que había sido creada por la administración de Mauricio Macri el 28 de noviembre de 2019 mediante el Decreto N° 795.

De esta manera, se estableció la restitución del programa anterior, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, tal como fue creado por la ley que le dio origen -Ley N° 25.764- y sus normas complementarias.

“No se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”, se explicó entre los considerandos de la norma que lleva las firmas del Presidente Alberto Fernández; y las de todo su gabinete de ministros.