El Gobierno nacional declaró la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), su encubrimiento y delitos conexos existente en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional, incluyendo toda información tratada en resoluciones y decretos dictados oportunamente.
Asimismo se estableció que solamente quedará exceptuando de ello la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular sobre las cuestiones referidas a la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros.
“Otórgase el carácter de público a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial”, se estableció en el artículo 1º de la norma.
En esa línea, también se instruyó a que se adopten los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon en estos procesos, como así también para resguardar toda la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular respecto de la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros.
Por otra parte se dispuso la creación de una mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos, de la que deberán formar parte representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, también se invitará a tal fin a representantes del Ministerio Público Fiscal, así como también a víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos.
