Por medio del Decreto 214/2020 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció una serie de modificaciones al funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre las cuales se fijó que ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, así como tampoco poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal.
De esta manera y tal como lo había anticipado el propio Presidente durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el pasado 1º de marzo, se introdujeron cambios a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, la cual había fijado en su momento una excepción que permitía a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la Justicia en las investigaciones criminales.
Sin embargo con la promulgación de la nueva norma, tampoco le estará permitido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
Asimismo, ningún organismo de la AFI podrá influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
Por último, tampoco se podrá revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.
“El dictado del presente decreto de necesidad y urgencia permite asegurar que primen los principios democráticos que deben imperar en el sistema de inteligencia nacional”, se argumentó entre los considerandos de la medida que lleva las firmas del Presidente Alberto Fernández; y las de todo su gabinete de ministros.
