La investigación judicial resultó en la imputación de los médicos Lucas Figueroa y Marcelo Lázaro, quienes fueron acusados de ser los responsables de la trasmisión de la enfermedad, en base a los artículos 45 y 202 del Código Penal. Pero, enfatizó la legisladora Cecilia Irazuzta, de la Coalición Cívica-ARI, “el dueño del geriátrico y responsable legal, Rafael López Peña, padre del vocal Sebastián López Peña, no ha tenido la misma suerte que los doctores Figueroa y Lázaro en la causa judicial por los contagios”.

Por ello, Irazuzta, reclamó que el vocal del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña explique a la Cámara su relación con el geriátrico de Saldán, que se convirtió en el foco de contagio más importante de COVID-19 en Córdoba, y por lo cual fueron imputados dos médicos.

Irazuzta presentó un proyecto de resolución que busca involucrar a la Legislatura en un tema que conmociona a la sociedad cordobesa, y que alentó el lunes pasado a los médicos de toda la provincia a realizar movilizaciones en apoyo a los imputados. En Córdoba, la manifestación, realizada en autos, fue extraordinaria.

“Va a ser una oportunidad para López Peña de explicarse. Y también creo que está de por medio el deterioro de la legitimidad e imagen de la Justicia en su totalidad”, dijo.

Para Irazuzta, “la sociedad observa que una de las máximas autoridades del Poder Judicial puede estar implicado y eso agrava la crisis política y moral de nuestras instituciones”.