No obstante, los que están llevando adelante juicios orales en trámite permanecerán en funciones hasta tanto terminen esos procesos, y luego deberán retirarse de la actividad.

La decisión sobrevino a un fallo dictado por el juez Eduardo Morín, quien detectó que una decena de jueces y otros tantos fiscales jubilados continúan trabajando pese a que la ley se los prohíbe expresamente.

Todos continúan con el aval del procurador interino, Eduardo Casal. Y de hecho podrían seguir haciéndolo porque se trata de un organismo independiente del Poder Judicial, pero ello implicaría una notoria desigualdad ante la ley, que podría ser cuestionada incluso desde el punto de vista constitucional.