El Presidente Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de reforma judicial al Congreso de la Nación con el fin de “organizar mejor” a la Justicia federal.

La iniciativa impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales, al tiempo que propone la designación de un consejo de expertos con el fin de que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

Entre otras cuestiones, el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. De esta manera, cada uno de esos tribunales actuará con una de las dos secretarías que actualmente poseen, mientras que la restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

En ese sentido, sostuvo que la lógica de la ampliación del número de juzgados se basó en la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal, y que así se busca superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas.

La propuesta, además, también busca que se implemente el sistema acusatorio, que ya fue aprobado en el Congreso y que otorga la dirección de los procesos penales a las fiscalías y da a los jueces el papel de garantes del mismo.

Respecto al Consejo Consultivo de juristas, Fernández precisó que deberá elevar propuestas concretas para mejorar la administración de Justicia y que analizará cuestiones como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, entre otras.

“Queremos evitar una Justicia politizada… Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente regida por las mayores normas de transparencia… La conformación de esta nueva estructura judicial en nada afecta al juez natural”, sostuvo el primer mandatario durante el acto que se llevó en Casa de Gobierno y que contó con la presencia, entre otros funcionarios, de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, así como también de rectores de universidades y legisladores del oficialismo.