La Cámara Federal de Mendoza había admitido parcialmente un planteo de “agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención en razón de hallarse imposibilitados de comunicarse con sus familiares” en tiempos de pandemia y suspensión de visitas.

Los presos solicitaron se les permita utilizar aparatos de telefonía celular, “mientras duren las restricciones y suspensiones de visitas, como así también que se suspendan las sanciones a quienes posean celulares en su poder dentro del penal”.

La cárcel habilitó sólo algunos teléfonos celulares de uso común, pero los detenidos pretendían tener cada uno su propio aparato de comunicación.

Los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci avalaron esa medida acotada, en tanto que el tercer juez del tribunal, Alejandro Slokar, se había inclinado por habilitar la discusión del pedido.