Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Río Grande al ratificar la condena a un ex legislador de la Coalición Cívica-ARI que había exigido el cumplimiento de ese punto en el ámbito de la Legislatura provincial.

A pesar de que la Constitución fueguina establece ese límite en las remuneraciones para los tres poderes del Estado, a lo largo de casi tres décadas, la clase dirigente de la provincia encontró diferentes argumentos legales para eludir esa imposición y cobrar sueldos mayores al del gobernador.

“Me demandaron empleados que ganan más que el gobernador, usando como argumento dictámenes del Tribunal de Cuentas cuyos miembros también ganan más, y me condenaron jueces en esa misma condición salarial”, aseveró el abogado y ex legislador, Miguel Raimbault.

En este sentido, consideró al fallo como “un claro mensaje de la clase política porque, no solo siguen sin aplicar el tope después de casi 30 años, sino que, ahora, dan un paso más y condenan a quienes nos atrevimos a aplicarlo”.

En su momento, en su condición de titular de la Legislatura fueguina, Raimbault había resuelto hacer efectiva la aplicación de ese artículo de la Constitución provincial y estableció que el cuerpo no podía abonar sueldos superiores a los que en su momento cobraba la entonces gobernadora Fabiana Ríos.