La Cámara confirmó un fallo de primera instancia que advirtió una suerte de “trampa” en los estudios de impacto ambiental.

El Gobierno porteño apeló aquel fallo y consideró que se trataba de “una sentencia infundada y se impedía el ejercicio de facultades propias y exclusivas de la Administración a través de una medida excepcional y dictada en el ámbito de conocimiento reducido de una acción de amparo, trámite improcedente para cuestionar los actos impugnados”.

La obra está prevista para la intervención del gigante inmobiliario IRSA y del Fideicomiso “Caballito Chico”.

Pero los jueces respondieron que “se  presumen como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto, entre otras y en cuanto interesa al presente, las siguientes actividades, proyectos o programas: Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras; Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas urbanísticas particulares; Las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o privados y la disminución del terreno absorbente, según surja de la reglamentación de la presente; Los grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes”.

El proyecto “Caballito Chico” -dice el fallo- comprende todas esas situaciones.

Así, los jueces Mariana Díaz (en disidencia parcial), Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima desestimaron los recursos porque en lugar de un estudio integral de impacto ambiental para “construcción y funcionamiento de locales comerciales a la calle, galería comercial a cielo abierto y edificio de 10 pisos, se habían presentado en forma independiente para cada una de las parcelas”.