El documento, titulado “La Corte Suprema en su laberinto”, destaca que el Senado “decidió no otorgar a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli el acuerdo constitucionalmente necesario para el ejercicio de los cargos que actualmente desempeñan de manera irregular”.

“En lugar de ir a explicar sus razones en el Congreso, los ausentes interpusieron una acción judicial, rechazada en primera instancia y en la que la cámara de apelaciones no llegó a pronunciarse por haber hecho lugar la Corte Suprema a un pedido de intervención por salto de instancia -per saltum-, que motivó que ese tribunal vaya ahora a decidir sobre ese tema”, reseñó el texto.

En ese contexto, Justicia Legítima ratificó “su histórica posición en cuanto a que la judicialización de las decisiones que adoptan los órganos políticos, es decir la judicialización de la política, constituye una grave desnaturalización del orden constitucional, del principio republicano de división de poderes y del sistema democrático de gobierno”.

La agrupación también cuestionó “la tardía, culposa y utilitaria convocatoria del presidente de la Corte a una reunión de la adormecida Comisión Interpoderes por los Crímenes de Lesa Humanidad, frente a la que no podemos sino compartir la posición asumida por los organismos de Derechos Humanos y agencias gubernamentales, que decidieron no asistir a la reunión”.

La actitud -añade el documento- “debe leerse como un reclamo de cambio en la actitud de ese tribunal que, al tiempo que procura interferir en las decisiones del Congreso Nacional, parece haber desertado de su rol en la política de Estado en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”.

“Bajo la actual presidencia, la Corte Suprema ha abandonado el más relevante de los temas de la Justicia argentina para constituirse en un peón más, utilizado en el juego de las pujas partidarias. Ese abandono no se supera con una torpe convocatoria oportunista”, resume el texto.