“A pesar de que ya existe una Ley de Manejo de Fuegos, este proyecto modificatorio pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país. En efecto, prohíbe por el término de 30 años desde su extinción cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio. Esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales”, expresó la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) por medio de un comunicado en relación a la iniciativa aprobada recientemente en Diputados y que próximamente será tratada por el Senado.

Asimismo recordaron que esta nueva prohibición, además, se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la ley de bosques, al tiempo que remarcaron que estas restricciones afectan gravemente el derecho de propiedad y son aplicadas, incluso, a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero.

“Da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna”, apuntaron desde la CEEA.

Por último, aclararon que se encuentran a favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero que no pueden dejar pasar por alto “esta invasión al derecho de propiedad”, ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajan en la tierra, en especial cuando son víctimas de hechos naturales o provocados que de por sí han lesionado su producción y el capital destinado a ella.