Mediante un escrito firmado por su abogado, Carlos Alberto Beraldi, Riggi fue acusado de mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos por haber obstaculizado una investigación impulsada por De Sousa para determinar si fue víctima de una maniobra ilegal para meterlo preso y quedarse con sus empresas.

Esa causa está en manos de la jueza María Servini, quien había ordenado un entrecruzamiento de llamados telefónicos de la denominada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri.

“La medida ordenada a la DAJUDECO fue ferozmente resistida por la defensa de Mauricio Macri, argumentando que se estaban violando sus derechos constitucionales. Sin embargo, todos los supuestos agravios expuestos por esa parte fueron rechazados tanto en la primera como en la segunda instancia. No obstante ello y pese a su manifiesta improcedencia, la defensa del ex Presidente interpuso un recurso de casación, que determinó que tomara intervención en el caso la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyo Presidente, precisamente, es el juez Eduardo Rafael Riggi”, explicó la denuncia.

Riggi, quien según el denunciante “naturalmente no debería haber intervenido en el caso, dados los antecedentes relatados, se avocó al trámite del recurso de Macri y le imprimió una sustanciación claramente irregular”.

La denuncia ya está en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.