A diferencia de la última vez, cuando en solitario y por momentos visiblemente ofuscado grabó su mensaje a la ciudadanía para dar a conocer las nuevas medidas sanitarias, al Presidente Alberto Fernández se le presenta en esta oportunidad, 15 días después, un panorama distinto para hacer lo propio (por lo menos desde el punto de vista político).

Es que a mediados de abril pasado, y luego de que el grueso de los gobernadores optaran por el silencio -y hasta incluso el desacuerdo por lo bajo- en relación a la decisión de reducir los horarios de circulación y limitar la presencialidad en las escuelas, lo cierto es que hoy en día y pese a la aplicación “parcial” de algunas de ellas, el panorama se ofrece prácticamente idéntico a lo largo de todo el territorio nacional: es decir, los contagios de coronavirus continúan siendo altos, así como también el nivel de “stress” en la mayoría de los centros de salud, tanto públicos como privados.

En ese contexto, el Jefe de Estado mantuvo una serie de reuniones durante la semana con los mandatarios provinciales, ya en un tono más “tranquilo y de cooperación”, según se comentó desde el entorno gubernamental.

Por consiguiente, se espera que el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que comenzará a regir a partir del sábado 1° de mayo -y que lo hará por los próximos 15 días- no diste a grandes rasgos del que hasta la fecha permanece vigente, salvo quizás por algunas correcciones en las referencias numéricas en las que se podrían basar los gobernadores al momento de tener que adoptar alguna medida “antipática” para con sus territorios.

No obstante y al igual que las veces anteriores, el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) merecerá un párrafo aparte dentro de la nueva norma como consecuencia de una suma de inconvenientes que tornan compleja la situación: su extensión geográfica; su densidad poblacional; la heterogeneidad del territorio a abordar; y las diferencias de criterios evidente de sus dos gobernantes -Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, claro está-.

Si bien trascendió que en esta oportunidad la Ciudad de Buenos Aires estaría dispuesta a acompañar algunas de las medidas más “duras” que dos semanas atrás se negó a darle el visto bueno -sobre todo las referidas a la circulación y a la actividad comercial-, para esta ocasión no habría grandes objeciones -por lo menos puertas adentro- de tener que aceptarlas dado que la situación de las unidades de terapia intensiva en los nosocomios porteños comenzó a ser seguida con preocupación ante los masivos ingresos de pacientes con cuadros graves de la enfermedad.

Sin embargo, hay una “batalla” por la que no están dispuestos a dar el brazo a torcer, y es la “judicializada” cuestión de las clases presenciales: desde la administración de Rodríguez Larreta insisten que los protocolos son seguros y que, de acuerdo a las estadísticas, es prácticamente nula la posibilidad de contagios en las aulas.

De todas formas, accedería a rever por los próximos 15 días la posibilidad de que se aplique una “presencialidad administrada”, pero no así una interrupción total del dictado de clases dentro de las escuelas.

El Gobierno nacional, por su parte, volvió a insistir con que el problema no sería lo que sucede puertas adentro de los establecimientos educativos, sino del movimiento que se genera en torno a esa actividad a partir del uso del transporte público y de la concentración de personas en las calles.

En ese marco, entonces, se aguarda por la palabra del Presidente quien, en definitiva, será el que tenga la decisión final en función a cómo se continuarán con las medidas sanitarias una vez que estampe su firma en el nuevo DNU.