El régimen en cuestión, indicaron, genera el marco regulatorio para que los ciudadanos conectados a la red eléctrica puedan generar energía para su autoconsumo en hogares, PyMEs, grandes industrias, comercios, producción agrícola, entes públicos y organismos oficiales, entre otros.

Por caso, en los procedimientos que fija la normativa nacional se establece, por ejemplo, que “el excedente de energía generada” podrá ser inyectado a la red de distribución, recibiendo una compensación por tal inyección, en el marco de un camino hacia la transición energética orientado la sostenibilidad.

La instalación del equipo para tal fin -se aclaró- estará a cargo del usuario interesado y deberá ser realizada por un instalador calificado autorizado.

Entre los fundamentos del proyecto, se informó que a fines del año pasado el programa alcanzó los 338 UG, con una potencia total instalada de 3.145 kW, y que la Generación Distribuida registró un aumento interanual del 304% en la cantidad de “usuarios generadores” y del 170% en la potencia instalada (el Régimen Promocional cuenta al día de la fecha con 12 provincias adheridas y 138 distribuidoras y/o cooperativas eléctricas inscriptas).

Asimismo se explicó que la provincia de Neuquén creó un régimen de similares características bajo la sanción de la ley 3006 en el año 2016, y que el objetivo de la adhesión y la correspondiente erogación de un articulado de la norma provincial es “armonizar ambos órdenes jurídicos”, tras considerar que la ley nacional se aprobó un año más tarde.

La iniciativa ingresada recientemente a la Legislatura lleva las firmas de Maximiliano Caparroz, Ludmila Gaitán, María Fernanda Villone, Javier Rivero, Lorena Abdala, Liliana Murisi, María Laura du Plessis, Germán Chapino, y José Ortuño López (MPN); Francisco Rols (FRIN); Carlos Sánchez (UP-FR); Fernando Gallia (FNN); Laura Bonotti y Andrés Peressini (Siempre) y Carina Riccomini (Juntos).