La fiscal Nidia Karina Cicero se había pronunciado por revocar la medida dispuesta por el juez Guillermo Scheibler, argumentando que “en materia educativa, la presencialidad es la regla, y para preservarla, en la medida en que la situación epidemiológica lo permita, se han elaborado en el orden local protocolos que establecen pautas generales para el desarrollo seguro de las clases presenciales”.

Cicero estableció que las decisiones en materia de presencialidad o no en las escuelas “tienen que ser sopesadas por las autoridades administrativas con competencia específica para tal fin”.

En sintonía con el Gobierno porteño, sostuvo que “lo que está asegurado y disponible para la comunidad, incluso cuando se está atravesando la dolorosa situación de la pandemia, es el derecho a recibir educación conforme a la regla según la cual esta se imparte, la presencialidad”.

Sin embargo, la Cámara declaró “abstracto el tratamiento”.

“La cautelar concedida e impugnada por el GCBA ha perdido vigencia, cuestión que también provoca la falta de actualidad de los planteos destinados a denunciar su incumplimiento”, subrayaron los camaristas Esteban Centanaro, Fernando Juan Lima y Mariana Díaz.