De acuerdo a lo comunicado oficialmente, la primera distribución de fondos, cobrados al 27 de mayo pasado a contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones, ya se asignaron a políticas previstas en la Ley 27.605, que establece que los recursos extraordinarios deben destinarse a financiar la política sanitaria (20%); subsidiar a las PYMES para sostener los puestos de trabajo (20%); inyectar más recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%); y apuntalar la inversión en el sector gasífero (25%).

Concretamente, $29.000 millones fueron destinados al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos y elementos de protección, a la vez que se prevé la adquisición de insumos críticos para la prevención y la compra y/o elaboración de equipamiento médico. Además, con el objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas en el marco del programa REPRO II, se destinaron $29.000 millones al Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, $22.000 millones se dirigieron al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para mejorar la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares; mientras que se destinaron $29.000 millones al Ministerio de Educación para reforzar el PROGRESAR.

En relación a la política energética, también se especificó que fueron destinados $36.000 millones a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A.

“El Aporte Solidario y Extraordinario tiene un gran valor para lidiar con los complejísimos desafíos que trae la pandemia. Nos ayuda a financiar políticas esenciales para sostener a nuestra sociedad de pie, de una forma progresiva y que ayuda a la estabilidad macroeconómica”, manifestó al respecto al ministro de Economía, Martín Guzmán.