El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) presentó un pedido de informes para saber si el Poder Ejecutivo tiene en estudio y elaboración “medidas conducentes a evitar aspectos desfavorables vinculados al fenómeno tecnológico de las criptomonedas”.
En ese sentido, el legislador preguntó si las áreas competentes en materia energética, ambiental, financiera y tributaria tomaron en cuenta la existencia del fenómeno de criptomonedas y de su incidencia, al tiempo que advirtió sobre la existencia de subsidios al consumo energético que brinda atractivo económico para radicar su producción en áreas extendidas del territorio, transfiriendo al conjunto de los habitantes buena parte de los costos.
Por tal motivo, requirió si existen estudios acerca de la importancia de esa producción y del consumo consecuente, y si se ha evaluado la implementación de políticas regulatorias o cursos de acción acerca de consecuencias financieras, tributarias o vinculadas a la seguridad de la actividad.
“Los procedimientos para la creación de criptomonedas necesitan tecnología de alta potencia que genera importante consumo de energía eléctrica. Si bien la más conocida es la Bitcoin, existen otras como Ethereum, Dogecoin, Polkadot, Litecoin, entre otras, que permiten inferir que los niveles de consumo de energía eléctrica destinada a la producción del conjunto de ellas puede elevarse a cantidades muy significativas”, sostuvo Berhongaray.
Asimismo, recordó que la Argentina subsidia el consumo de energía eléctrica a partir de fondos nacionales cuya fuente es tanto la recaudación impositiva como la emisión monetaria, y que “a los subsidios acordados a determinados usos se suman, tanto las facilidades para adquirir equipos para desarrollar la minería, como la posibilidad que brindan las criptomonedas de eludir ciertas limitaciones normativas impuestas a la demanda de moneda extranjera, además de la falta de presión impositiva sobre la tenencia de estas divisas electrónicas e, incluso, de la oportunidad que brindan para la circulación de capitales provenientes de actividades ilegales”.
