La iniciativa impulsada por el diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut), producto del diálogo con las cámaras del sector, se fundamenta en la necesidad de recuperación de los servicios turísticos que, hasta antes del inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, empleaba a más de un millón de personas y generaba divisas por más de 5.000 millones de dólares.

“Los automotores afectados a ese servicio tienen que ajustarse a las prescripciones de la Ley Nacional de Tránsito, que en su artículo 53, prescribe que la antigüedad de los vehículos empleados para el transporte de personas no puede exceder los 10 años de antigüedad. Ello obliga a los prestadores que tienen vehículos con una antigüedad cercana a ese límite, o que ya la han alcanzado o superado, a afrontar una inversión elevada, con el agravante de que debe ser llevada a cabo cuando todavía la actividad no ha alcanzado los niveles anteriores a la pandemia ni se han podido recuperar de las consecuencias de las políticas restrictivas que mermaron la actividad”, argumentó el legislador.

En ese sentido, indicó que los tributos que imponen los tres niveles de Estado explican buena parte del costo que debe pagar quien adquiere un vehículo, y que esos impuestos no solo gravan la estructura del costo final en sí, sino que además implican una carga que recae sobre la operación de la compraventa en sí misma.

“Si lo que se pretende es recomponer al sector y lograr una capitalización de los prestadores de modo que estén en pie para dar los servicios que implicarán una mayor demanda cuando la apertura sea total, corresponde hacer este aporte desde el Estado”, enfatizó Menna.

Acompañaron a la iniciativa con sus firmas los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Roxana Reyes, Claudia Najul, Ximena García, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Diego Mestre, Gonzalo del Cerro e Ignacio Torres.