Aguas del Norte, de todos modos, es una sociedad anónima pero el Estado provincial tiene absoluto dominio porque es dueño del 90% de sus acciones (el 10% restante es de los empleados).

“Tenemos estos graves problemas y claramente esto debe pasar a manos del Estado porque creemos que hoy es una empresa que no da las soluciones y la inversión correspondiente”, señaló el diputado provincial Sebastián Otero.

El proyecto de ley ingresó en octubre del año pasado y plantea la creación de la Secretaría de Estado de Gestión Integral del Agua, con dependencia jerárquica y funcional del Ministerio de Infraestructura de la provincia.

La Secretaría de Gestión del Agua tendría la facultad de planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los servicios de agua potable; más el alcantarillado, saneamiento y reuso de líquidos residuales.

En ese sentido, el nuevo organismo propuesto actuaría como órgano rector y operador. Además, representaría al Estado provincial en los convenios que se gestionen entre el Estado nacional y los municipios.

Entre los fundamentos del proyecto, se aseguró que el sistema de administración actual de los recursos hídricos de la provincia es deficitario, por lo que se busca que se avance en una mejora de la administración y planificación para “hacer frente a los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la gestión del agua”.