Prorrogan la emergencia penitenciaria

El Gobierno resolvió extender por otros dos años la “emergencia en materia penitenciaria” ante la situación en la que se encuentra el Servicio Penitenciario Federal por el déficit habitacional de sus establecimientos, situación que repercute en las condiciones de privación de la libertad de los detenidos.  Por Cuarto Intermedio

Por medio de la Resolución 436/2022, el Gobierno nacional prorrogó la “emergencia en materia penitenciaria” por el término de dos años, la cual había sido dispuesta por la anterior gestión a partir del incremento “significativo” de la población penitenciaria alojada en establecimientos federales.

De esta manera, entonces, se encomendó a la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria la evaluación de las medidas legislativas generadoras de la emergencia prorrogada y la elaboración de propuestas de reformas u otras políticas públicas que permitan resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal; mejorar las condiciones de privación de la libertad; y promover e implementar medidas alternativas, en particular para grupos especialmente vulnerables.

Asimismo, también se encomendó a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Justicia la implementación, en el ámbito de su competencia, de las medidas necesarias para mitigar la situación de emergencia prorrogada.

Entre algunas de las problemáticas mencionadas sobre la situación en la que se encuentra el sistema carcelario en la actualidad, se apuntó además contra el Gobierno porteño, tras mencionar que  “la paralización e incumplimiento unilateral por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los compromisos asumidos” con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional, “además de impedir la incorporación de las plazas de alojamiento indicadas, evitó concretar una obra esencial para resolver la situación que atraviesan las alcaidías del AMBA”.

“Si bien el aumento de personas privadas de libertad en alcaidías del ámbito metropolitano ha sido producto de la entrada en vigencia de las disposiciones procesales en materia de flagrancia (Ley N° 27.272) y las modificaciones introducidas a la Ley Nº 24.660 por la Ley Nº 27.735, la gestión anterior de gobierno no ha tomado ninguna medida efectiva para solucionar dichas problemáticas”, se expresó entre los considerandos de la norma que lleva la firma del titular de la cartera de Justicia, Martín Soria.