La ley permite contar con un marco legal que “da sustentabilidad y previsibilidad para que Entre Ríos sea la primera provincia con una ley que impone penalidades”, afirmó sobre el proyecto el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, en una conferencia de prensa.

El mandatario provincial destacó que “no es una cuestión meramente semántica” la discriminación y antisemitismo, sino que son “cuestiones que afectan derechos de las personas, por el sólo hecho de pertenecer o tener un color de piel distinto”. Eso, apuntó, se trabaja en las escuelas entrerrianas, aunque llamó a “hacerlo en la sociedad”, que tiene que ser “tolerante y con igualdad de derechos para todos”.

La decisión de establecer una ley al respecto busca “generar el compromiso de todas las fuerzas políticas” y que sea aprobada “por unanimidad, para darle sostenibilidad en el tiempo”, dijo el gobernador.

En la rueda de prensa habló también el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Filial Entre Ríos, Pablo Soskin, quien dijo que esa provincia “tiene tolerancia cero a la discriminación, no sólo antisemitismo, sino discriminación en general”.

Entre Ríos será la primera que, ante cualquier hecho de discriminación o antisemitismo, “denunciará el hecho y se constituirá en querellante”, lo que significa que la provincia “siente la ofensa como propia”, expresó.

El proyecto de ley señala que Entre Ríos reafirma su “compromiso irrestricto” con los derechos humanos, y la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluyendo al antisemitismo. Adhiere a la ley nacional 23.592 de actos discriminatorios; adopta la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto; y establece que la Fiscalía de Estado formulará las denuncias y se constituirá como querellante.