Con el objetivo de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, “se pone especial relevancia a la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad”, puntualizó el comunicado oficial.

La norma nacional crea un Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos, donde deberán inscribirse las instituciones públicas o privadas que cumplan con controles sanitarios.

Esas instituciones, “serán responsables de la recepción de los productos alimenticios y de la entrega gratuita a los consumidores finales”, se aclaró.

Entre otras cuestiones, se trabajará en “generar campañas de información y comunicación, desarrollar y capacitar en procesos y estrategias de conservación de productos y promover mejoras en infraestructura que posibiliten la reducción del desperdicio”.

Asimismo, “se promoverá el desarrollo y se facilitará el acceso a equipamiento y nuevas tecnologías y la temática será incluida en todos los niveles educativos”.